Por trampas al Soat, unas 54 clínicas están bajo lupa de Supersalud

Indagan cobros excesivos, procedimientos inexistentes y hasta muertes por ‘guerra de ambulancias’.

Por cobros indebidos de recursos provenientes del Soat “al realizar reclamaciones presuntamente sin haber prestado la atención médica facturada”, reportar “datos inexactos o falsos” sobre los casos atendidos y no entregar la documentación de los procedimientos médicos realizados por supuestos accidentes de tránsito, 54 instituciones médicas del país, entre ellas varias clínicas, serán investigadas por la Superintendencia de Salud. Al tiempo, el Gobierno expedirá una reglamentación para obligar a que los procedimientos médicos por accidentes de tránsito sean reportados en las 24 horas siguientes al hecho. Hoy, esas noticias les llegan a las aseguradoras (que manejan los recursos del Soat) hasta dos años después, cuando la posibilidad de contrastar las cuentas de cobro es prácticamente imposible. Con las dos medidas se busca atajar un boquete que está detectado hace tiempo y por el que, cada año, el país se desangra en 100.000 millones de pesos, debido a las trampas con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Los casos se cuentan por centenares, además de que están costando vidas. Los famosos ‘paseos de la muerte’ –las ambulancias que llevan los heridos de accidentes no al sitio de atención más cercano, sino a aquellas IPS con las que tienen arreglos–; cirugías innecesarias o mal realizadas, pero debidamente facturadas, y la insólita disparada de la accidentalidad de las motos, especialmente en la costa Atlántica, son manifestaciones de una misma problemática: hacerle trampa al sistema es fácil, y hay miles de millones de pesos sobre la mesa. El desangre está poniendo en riesgo un sistema de cobertura de urgencias que atiende cada año a unas 400.000 personas y que fue clave para pasar la página de las víctimas de accidentes de tránsito que morían en las puertas de clínicas y hospitales hasta finales de los años 80. Hoy, paradójicamente, ocurre exactamente lo contrario: las clínicas y hospitales se pelean a los heridos de tránsito, porque los reembolsos de gastos les llegan seis veces más rápido que los de los casos de otros pacientes, cuyos gastos los cubren las EPS. Y en el caso de los que defraudan al sistema, porque hacer plata fácil es relativamente sencillo y los controles siguen siendo insuficientes. Aunque las trampas al Soat tienen años –la más usual era la de personas que buscaban atención aunque su lesión no había ocurrido en un accidente de tránsito–, en el último lustro se dispararon las alertas por los cobros de varias instituciones de salud. La costa Atlántica (Cesar, Atlántico y Magdalena) y el Valle del Cauca reportan la mayor cantidad de alertas. El cuadro es casi calcado del saqueo que algunas EPS realizaron al sistema de salud: hay pacientes fantasmas, procedimientos y medicinas cobradas hasta 100 veces por encima del precio del mercado, tratamientos facturados pero no realizados y, sobre todo, prácticas indebidas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas. Lo que han detectado las aseguradoras es que un mismo tratamiento promedio puede valer el doble, según el departamento donde se produzca la urgencia. En Valledupar vale 2,16 millones de pesos; en Montería, 1,9 millones; 1,73 millones en Cali, y en Bogotá, 1,48 millones. También se ha detectado que existen ‘tarifas Soat’ y ‘tarifas EPS’: las del primer sistema son más altas porque, en esencia, representan un cheque en blanco hasta por 18 millones de pesos. Una práctica habitual es incluir procedimientos innecesarios, incluidas hospitalizaciones, hasta cubrir ese monto. Informes de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras del país, señalan que en ocho de cada diez casos de reclamaciones irregulares detectadas “se pretendía afectar la cobertura de gastos médicos”. Una vez más, en más de ocho de cada diez casos de posibles irregularidades, el vehículo involucrado en el supuesto accidente era una moto. Hasta ahora, los resultados de los organismos de control, especialmente de la Supersalud, han sido precarios. En el caso de la ‘guerra de ambulancias’, dice el expersonero de Cali Andrés Santamaría, “las denuncias no terminaron en nada”, aunque esa entidad entregó un informe detallado sobre casos en los que los pacientes fueron conducidos a clínicas que estaban lejos de la zona del accidente.