Prohibido relajarse

PANDEMIA. Ya ocurrió en julio, cuando terminó la cuarentena general y se optó por las focalizadas. La población se confió y quizás entendió que el fin del confinamiento equivalía al fin de la pandemia. En un mes, los casos semanales de contagios se multiplicaron por 2.4 y los fallecimientos aumentaron 21%. La respuesta del Gobierno fue ampliar el número de departamentos y provincias en confinamiento, y la prohibición de salir los domingos en todo el país. Tardíamente, también implementó una campaña de comunicación con mensajes disuasorios.

Estas medidas habrían influido en la reducción de contagios en las últimas cuatro semanas –aunque también se ha reducido el número de pruebas moleculares pese a que la positividad sigue alta–, aparte que aún no se llega a los niveles de junio. Es por ello que no se puede bajar la guardia, ni hacer declaraciones triunfalistas. Y para refrenar un probable exceso de confianza, hace falta un reforzamiento de la comunicación que insista en que la pandemia no está terminando y que la población tiene que seguir tomando todas las medidas básicas de prevención: mascarilla, distanciamiento social, desinfección de manos y de compras, no organizar reuniones de ningún tipo y no automedicarse.

También se tiene que dejar en claro que el hecho de que las hospitalizaciones estén disminuyendo no significa que el país esté preparado para un tercer rebrote. El número de camas UCI es prácticamente el mismo que estuvo disponible en el pico del segundo rebrote y hay que recordar que con esa capacidad el sistema de salud estuvo completamente desbordado. Y aunque se adquieran más equipos, la escasez de profesionales que los manejen no se solucionará de un día para otro.

Lamentablemente, el Gobierno se ha relajado en el frente informativo. Incluso la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, pareció haberse contagiado del perfil bajo de sus colegas ministros, pero luego de varias semanas de ausencia, reapareció el último par de días. Y lo hizo para dar una justificación algo intrincada sobre el bajo uso de pruebas moleculares. Aún está pendiente que se refiera a los aproximadamente 11,000 decesos que no fueron por covid-19 sino por falta de atención o por indolencia en establecimientos del Minsa y Essalud –personas con enfermedades crónicas, accidentados, parturientas, recién nacidos–.

También es preciso, como ha demandado la Defensoría del Pueblo, que se haga público el plan de vacunación que, supuestamente, maneja el Gobierno. Por ahora, solo hay anuncios sueltos que incluyen fechas tentativas, pero nada que esté bien estructurado y detallado.

Fuente: Gestión